Defensoría pública logra cambio de sentencia de Mario Aburto
El Tribunal Colegiado concedió el amparo y protección de la justicia federal en favor de Mario Aburto Martínez, ordenando dejar insubsistente la sentencia dictada el 22 de diciembre de 1994 por el entonces Tribunal Unitario de Segundo Circuito, que lo condenaba a 45 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
El 21 de abril de 2021, la Defensoría Pública presentó una demanda de amparo directo en contra de dicha sentencia. En resolución dictada el 5 de octubre de 2023, el Tribunal Colegiado, determinó que el Tribunal Unitario emita una nueva sentencia en la que se haga una traslación del tipo penal al Código Penal de Baja California, aplicable en virtud del lugar donde sucedieron los hechos, y no el Código Penal Federal.
Es decir, que el Código aplicable al caso era el local, que por el delito de homicidio por el que fue sentenciado Mario Aburto, al momento de los hechos, establecía una pena máxima de 30 años de prisión.
La sentencia establece: “Con base en la referida traslación típica, analice los delitos materia de la acusación, así como la responsabilidad penal del quejoso en su comisión e imponga las sanciones penales que correspondan».
«En el entendido de que no se podrá agravar la situación jurídica ya estimada del sentenciado. Adicionalmente, deberá verificar si, como resultado de la traslación normativa, el quejoso puede obtener su libertad personal respecto de la causa penal que dio origen a este asunto.”
Cabe señalar que lo anterior, no implica una absolución sino, en su caso, el cumplimiento de la pena ajustada a la norma que determinó el Tribunal Colegiado como aplicable.
Por lo que, la Defensoría espera que en los próximos días se emita la nueva sentencia, que deje en libertad a Mario Aburto y considere compurgada la pena con base en la ley local aplicable.
Finalmente, no omitimos señalar que continúa abierta una investigación penal por los hechos de tortura cometida en agravio de Mario Aburto, que, mediante otro juicio de amparo presentado por el IFDP, se estableció que debía ser conducida por la Fiscalía especializada en materia de tortura y que aún debe integrarse para establecer las responsabilidades conducentes.
